POWERED BYmaster lex

Facultad de autenticación de los abogados y poderes en materia administrativa

Agradecemos al Lic. Mariano Castillo Bolaños que nos remitiera copia de la resolución número 44-2015-VII de la sección novena del Tribunal Contencioso Administrativo dictada a las 14:50 hrs del pasado 8 de mayo, mediante la cual se reconoce a los abogados la facultad de autenticación de firmas en determinados supuestos, en contradicción de la tesis que defiende que solamente los notarios, como depositarios de la fe pública, tienen dicha potestad.

Se analiza además en profundidad lo dispuesto en el art. 283 de la Ley General de la Administración Pública sobre los poderes otorgados para efectos administrativos, los cuales pueden constituirse mediante simple carta autenticada por un abogado, quien puede ser -incluso- el propio apoderado.

El Tribunal Contencioso no solo da la razón al Lic. Castillo en su pretensión de que se reconociera la validez del poder otorgado por su cliente para realizar trámites ante el Instituto Costarricense de Electricidad, autenticado por él mismo, sino que incluso se condena a dicha entidad al pago de daño moral subjetivo en la suma de doscientos cincuenta mil colones.

Para descargar el texto completo del voto haga clic a continuación:  RESOLUCION 44-2014-VII

Nos permitimos transcribir en lo conducente algunos párrafos de la resolución que sirve de base al presente comentario:

“Como puede observarse, dentro de la lista taxativa de leyes que no le resultan aplicables al ente accionado por disposición legislativa, no figura la Ley General de la Administración Pública. Evidentemente comprende esta Cámara que en el régimen actual en materia de Telecomunicaciones, al ICE se le haya dotado de una serie de instrumentos normativos y eximido de la obligatoriedad de otros, a efecto de garantizar su competitividad en el mercado. No obstante ello, de ahí a afirmar sin mayor reparo que a la entidad dicha no le resulta aplicable el Derecho Administrativo, resulta evidentemente infundado, pues el ICE no ha dejado de formar parte de la Administración Pública.  (…) Tal y como puede observarse a partir de la lectura de los requisitos señalados, en ningún momento se le informa al usuario de los servicios para los que aplicarán los requisitos señalados, acerca de las formalidades que deben reunir los documentos que otorguen cuando autoricen a otra persona a realizar en su nombre y representación algún trámite ante la mencionada entidad -(…)-. Es decir, el conferir poderes está autorizado de manera expresa por el ordenamiento jurídico -artículo 1251 siguientes y concordantes del Código Civil- y la imposibilidad de tramitar un determinado asunto por medio de un mandatario debe estar vedada por ley -o norma de rango superior- como ocurre por ejemplo con el artículo 577 del Código Civil que prohíbe el testamento por procurador. Siendo ello así, es evidente que ante tal vacío en el aspecto dicho, la Ley General de Telecomunicaciones -que no contiene ninguna disposición al respecto- en su artículo 4 autoriza la aplicación supletoria de la Ley General de la Administración Pública, (…)-. Así las cosas, deviniendo en aplicable la LGAP, el artículo 283 de la misma dispone que:

El poder del administrado podrá constituirse por los medios del derecho común y, además, por simple carta autenticada por un abogado, que podrá ser el mismo apoderado , o por la autoridad de policía del lugar de otorgamiento.  (…)

El artículo que se analiza, contiene una regulación claramente distinta a la normada en el numeral 118 del Código Procesal Civil, legislación esta última que exige que el abogado autenticante de la firma del poderdante -en un poder conferido para efectos judiciales- sea distinto al abogado que se constituirá en apoderado en virtud del contrato de mandato celebrado. Pero para efectos administrativos, el ordinal 283 de la LGAP evidentemente autoriza que la autenticación de la firma del mandante pueda realizarse por el mismo abogado a quien se le confiere poder e incluso por la autoridad policial del sitio donde se esté celebrando el contrato de mandato.”  (Tomado en lo conducente del voto 44-2015-VII de la sección novena del Tribunal Contencioso Administrativo dictada a las 14:50 hrs del 8 de mayo de 2015)

DAÑO MORAL SUBJETIVO

“En lo que atañe a la indemnización por daño moral subjetivo pretendida, resulta relevante recordar que este tipo de daño afecta la psiquis de la persona e incide sobre su estado de ánimo. En la especie, si bien no existe prueba directa del daño que se reclama, la misma no deviene en necesaria -como parece entenderlo el ICE-, pues resulta dable inferir de los hechos acreditados en este proceso -valoración in re ipsa-, que la conducta del ente accionado consistente en restar validez y eficacia a un poder conferido de conformidad con el artículo 283 de la Ley General de la Administración Pública -hecho probado No. 3-, presumible y razonablemente generó sentimientos de impotencia, ira y frustración en el actor, ante una actuación administrativa que siendo contraria a Derecho, le obligó a acudir ante este Tribunal a efecto de obtener una declaratoria de ilegalidad que en sede administrativa no le resultó posible.” (Tomado en lo conducente del voto 44-2015-VII de la sección novena del Tribunal Contencioso Administrativo dictada a las 14:50 hrs del 8 de mayo de 2015)

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • Google Reader
  • LinkedIn
Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

8 de 10 Comentarios

  1. Wilberto Montiel • 02 Julio, 2015

    Esta es una buena noticia que ayuda a interpretar como defenderse de la injusticia. Que algunas instituciones, por medio de sus funcionarios, lesionan el derecho jurídico de las personas.

    Responder
  2. CENTINELA • 29 Junio, 2015

    Agrego a mi comentario anterior: En este mismo BLOG en setiembre del 2013 se publicó comentario sobre mi referida sentencia que condenó al Estado (Archivo Nacional) por un tema similar: N° 33 -2013-I, SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A, GOICOECHEA. A las catorce horas treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil trece.-

    Responder
  3. CENTINELA • 29 Junio, 2015

    Aquí no hay nada novedoso. Todo ya estaba claramente escrito en la Ley (LGAP), solo que mal aplicado. Lo NOVEDOSO es que el órgano jurisdiccional viene a poner un “freno” un “estate quieto” a algunas “cabezas calientes” y “leguleyos” diz que “abogados” que indigna e inexplicablemente ocupan cargos de jefaturas o jerarquía de departamentos jurídicos o legales, y con sus ignominias y abusos de poder generan barbaridades como la que tuvo que resolver el TCA en este caso y muchas más que tienen de cabeza la institucionalidad jurídica del país. Acaso no recuerdan ustedes la barbaridad que sobre un tema semejante no hace mucho hizo una funcionaria del Archivo Nacional y que le costó una condena económica al Archivo??

    Responder
  4. ALLAN GARRO • 26 Junio, 2015

    Esta noticia viene a ser un respiro de aire fresco en el desierto. En fecha 1- 10- 2014 yo presenté una consulta ante el Colegio de Abogados para que se pronunciaran al respecto a fin de tener un respaldo ante distintas Instituciones que alegan que un poder sólo puede ser autenticado por Notario. Como es tradicional, nunca me respondieron. El Colegio parece que solamente tiene tiempo para abrir procesos disciplinarios. En este momento se tramita Amparo de Legalidad Contencioso para obtener dicha respuesta. No obstante esta resolución judicial viene a ser de gran ayuda. Muchas gracias al colega Castillo por su aporte tan valioso.

    Responder
  5. Alvaro • 26 Junio, 2015

    Importante que se comunique a las Instituciones del Estado, pues es recurrente que no lo apliquen por falta de conocimiento y terminan retrasando los procesos.

    Responder
  6. Katty • 25 Junio, 2015

    Excelente!! Así debe ser. Gracias.

    Responder
  7. Jeannina Saborío • 25 Junio, 2015

    Excelente gestión la del Lic. Castillo Bolaños. Muchas gracias por compartir tan valiosa resolución!

    Responder
    • hugo rodriguez • 01 Enero, 2016

      Así es, muy buen antecedente. Rabo y orejas a esos leguleyos de tercer mundo.

      Responder

Dejar un comentario
PAUTAS PARA PARTICIPAR EN ESTE BLOG

*